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Los pescadores piden la intervención de Prefectura en el dique Cabra Corral
La pesca ilegal en Coronel Moldes dejó en una semana redes de hasta 500 metros, denuncias de impunidad y un pedido concreto de intervención federal.

La pesca ilegal en el dique Cabra Corral volvió a quedar en el centro del debate tras la detección de una red de más de 500 metros que incluso habría provocado un incidente con una embarcación. Para el pescador Raúl Cenardo, sin embargo, el hecho dista de ser excepcional: “Lo raro sería no encontrar redes”, advirtió, al describir una práctica que, según afirma y confirma, se repite desde hace años con total naturalidad.

“Durante toda la semana hay kilómetros de redes en el agua, y cualquier pescador lo sabe”, sostuvo. En ese contexto, señaló que los operativos suelen terminar con el secuestro de los elementos, pero no con la identificación de los responsables. “Caen las redes, pero no los tipos. Eso es lo grave”, resumió.
Controles desiguales
Uno de los principales cuestionamientos de Cenardo apunta a lo que considera un enfoque equivocado en los controles. Mientras los pescadores deportivos son sometidos a inspecciones constantes -incluso en rutas- y sancionados por excederse en la cantidad permitida de piezas, la pesca ilegal a gran escala parece operar sin mayores obstáculos.
“Todo este verano hubo controles. Te revisan, te multan si llevás un bagre de más. Pero al mismo tiempo tenemos kilómetros de redes trabajando todos los días en el dique y ahí no hay control”, explicó. Para el pescador, la situación refleja una lógica inversa: “Se está siendo duro con el que cumple y blando con el problema grande”.
Además, advirtió que muchos de estos casos solo toman estado público ante situaciones fortuitas. “Si el catamarán no se enganchaba con una red de 500 metros, hoy no estaríamos hablando de esto”, afirmó.

"Estructura organizada"
Cenardo también diferenció entre la pesca ilegal de subsistencia y aquella que responde a esquemas organizados. Explicó que algunos pescadores informales utilizan redes pequeñas y precarias como forma de supervivencia, muchas veces dividiéndolas para reducir pérdidas.
Sin embargo, el hallazgo de una red de gran extensión revela otra escala de actividad. “Eso no es de un improvisado. Una red de 500 metros implica logística, recursos, embarcaciones grandes. Hay que ponerse a pensar en la cantidad de gente que sólo hay que tener para limpiar los pescados; sin dudas que se trata de una organización”, sostuvo.
En esa línea, aseguró que existe un circuito de comercialización de grandes volúmenes de pescado que incluso trasciende la provincia. “Todo el ambiente lo sabe. No es ninguna novedad”, remarcó, al mencionar antecedentes de transporte ilegal en rutas.
El pescador también puso en duda la eficacia de los procedimientos actuales y la transparencia del sistema. “¿Qué se hace con las redes que se secuestran? ¿Por qué no se destruyen? ¿Qué pasa con las lanchas? ¿Quién decide si se devuelven?”, planteó.
A su entender, la ausencia de respuestas claras alimenta una percepción generalizada de impunidad. “Esto sucede en las narices de todos. No es solo el pescador, cualquier salteño percibe que ocurre con total normalidad”, señaló.
"El pescador molesta"
En paralelo, Cenardo cuestionó decisiones del municipio de Coronel Moldes que restringieron la pesca nocturna bajo argumentos de seguridad. “Lo que no se entiende es por qué se limita al pescador cuando el problema verdadero ocurre de noche”, sostuvo.
Según indicó, la medida refuerza la idea de que el pescador recreativo es visto como un inconveniente, mientras las prácticas ilegales continúan sin control. “Queda la sensación de que el pescador molesta”, afirmó.
Frente a este escenario, comenzó a tomar fuerza entre los pescadores un pedido concreto: la intervención de la Prefectura Naval Argentina en el dique.
Cenardo sostuvo que la presencia de una fuerza especializada en seguridad náutica podría marcar un cambio sustancial. “Yo creo que hablo por la mayoría de los pescadores deportivos de Salta. El pescador quiere pescar y disfrutar con su familia. Lo que pasa en la ilegalidad no forma parte de su idiosincrasia. Por eso muchos verían con buenos ojos que esté Prefectura”, explicó.
Además de combatir la pesca ilegal organizada, consideró que su intervención aportaría mayor seguridad general. “Cuando hay un accidente, alguien se descompensa o pasa algo en una embarcación, uno se sentiría más seguro con Prefectura”, agregó.
El planteo, dijo, no es aislado. Existe un consenso creciente sobre la necesidad de reforzar la vigilancia con personal capacitado específicamente para operar en el agua. “Si lo que tenemos no funciona, hay que buscar una mejora”, insistió.

Un recurso, en riesgo
Finalmente, Cenardo subrayó la importancia del dique como patrimonio de toda la provincia. “No es solo de Moldes, es de todos los salteños”, afirmó, y pidió una gestión acorde a su valor ambiental, turístico y recreativo.
En ese marco, dejó planteado un interrogante que atraviesa toda la problemática: “¿Se quiere solucionar esto o no se quiere?”.
Mientras tanto, la pesca ilegal, con redes cada vez más extensas y estructuras más complejas, continúa avanzando en uno de los principales espejos de agua del norte argentino, sin que hasta el momento haya señales claras de un control efectivo.